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Los conflictos políticos como el de Nicaragua pasan por varias etapas –rompimiento del status quo, intensificación de la violencia y el conflicto, desgaste del mismo y ruptura final– que culminan con un cambio de régimen. Son pocas las instancias en las que las dictaduras, regímenes militares, y otras autocracias perduran más de 40 años en el poder. En este caso, el cambio político nicaragüense es inevitable. Sin embargo, la cuestión clave está en los tiempos.
Las condiciones políticas requieren una restauración completa de las instituciones democráticas, en particular, la Legislatura, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, el Banco Central, las entidades autónomas y las fuerzas de seguridad (Policía y Ejército). La restauración incluye la elección democrática libre y justa de las nuevas autoridades, así como la selección y el nombramiento de funcionarios públicos cuidadosamente escudriñados dentro del marco constitucional.
Para que esto ocurra hay al menos tres factores que definen los tiempos del cambio político –nivel de cohesión del grupo, presión utilizada, y resiliencia en la presión y la unidad–. Dado el cálculo del riesgo político, los actores pueden determinar cuánto invierten en acelerar o prolongar la situación, dependiendo en donde se ubican estratégicamente como sujetos del cambio. Sin embargo, la inevitabilidad del fin es real porque el régimen perdió su legitimidad.
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