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El deterioro democrático de Nicaragua representa uno de los mayores retos para la región Latinoamericana y del Caribe. La deriva autoritaria que progresivamente se ha materializado en Nicaragua ha pasado de la represión al extremismo. El resultado es una sociedad con miedo, asediada, y sin esperanza de mejora en el corto plazo. La impunidad imperante y abrumadora ha sobrepasado cualquier sentido de decencia contra la humanidad. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa violentando la libertad y los derechos constitucionales que han representado una escalada radical y extrema, cuya trayectoria se remonta a varios años.
Es un tema particularmente serio y debe abordarse con urgencia. Pero el problema no se reduce a su expresión en este país – también está claramente asociado a la amenaza de nuevas derivas autoritarias en la región y a un efecto dominó latente. La libertad de expresión, el activismo ciudadano a través del cierre de miles de organizaciones no gubernamentales (ONGs), el respeto al Estado de derecho, la seguridad jurídica y el impulso de la institucionalidad democrática se han visto erosionados y son ahora inexistentes, impidiendo el desarrollo de Nicaragua y llevando al país a su momento más oscuro a través del fraude electoral; la eliminación gradual de los opositores y de los pesos y contrapesos democráticos e institucionales. Este informe está basado en tres estudios realizados sobre el impacto de las sanciones, el cierre a ONGs, así como también en una evaluación sobre los préstamos internacionales
La comunidad internacional tiene una deuda con Nicaragua. Este reporte ofrece un análisis de dos temas de interés y presión de la comunidad internacional – las sanciones internacionales y el financiamiento externo. El análisis muestra las limitaciones de las sanciones, y la continuidad del endeudamiento en medio de represión, inconsistencia con las necesidades de desarrollo económico y falta de rendimiento de cuentas.
Finalmente, el trabajo presenta las siguientes cinco recomendaciones a la comunidad internacional para aumentar la respuesta proporcional frente a la impunidad que impera en ese país:
- Continuar y aumentar las sanciones que deriven en mayor amplitud y precisión a quienes facilitan la represión y corrupción.
- Monitorear y rendir cuentas frente a los préstamos internacionales por parte de las instituciones financieras internacionales y que éstas a su vez exijan mayor transparencia por parte de los gobiernos receptores de sus créditos.
- Fomentar la mediación internacional y continuar la presión multilateral en los foros internacionales.
- Reconocer la presencia de la diáspora como sujeto cívico
- Implementar la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Ley de Reforma Electoral de 2021 (Ley RENACER).
