Durante dos décadas, la discusión energética giró alrededor de un problema concreto: cómo lograr que las renovables fueran competitivas para servir como herramienta principal contra el cambio climático. Ese debate quedó atrás. Según el informe anual de Irena (International Renewable Energy Agency) sobre costos, entre 2010 y 2024 el costo nivelado de generación de la solar fotovoltaica cayó 90% y el de la eólica terrestre, 70%. En 2024, el 91% de la nueva capacidad renovable a escala industrial puesta en operación tuvo costos inferiores a la alternativa fósil nueva más barata. La tecnología avanzó más rápido que las reglas que organizan el sistema energético, y allí radica el problema actual.
Tampoco son ya tecnologías marginales. Solar y eólica generan alrededor del 17% de la electricidad mundial y la Agencia Internacional de Energía estima que llegarán al 27% en 2030. Su expansión responde cada vez menos a un tratamiento preferencial y más al costo, la seguridad de suministro y la competitividad. Para un país importador de combustibles existe un valor adicional que rara vez se cuantifica, el de producir con recursos propios y reducir la exposición a precios internacionales que escapan a su control.
Redes, mercados y buena parte de la regulación vigente fueron construidos para otro mundo, el de las grandes centrales, los combustibles almacenables y una demanda puramente pasiva.
Ese modelo funcionó durante décadas, pero hoy asigna mal los recursos en entornos con generación variable, almacenamiento y usuarios que responden a precios o incluso generan su propia energía. Hoy el problema es el desempeño del sistema completo. El costo de un panel dejó de ser la variable relevante.
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