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Bajo cualquier estándar político o académico en Nicaragua los pocos vestigios de ser un país democrático desaparecieron una vez que los magistrados de la Corte de Justicia aprobaran, violando la Constitución, la reelección de Daniel Ortega en 2011, y desde entonces crearon garantías para su reelección otra vez (y de manera indefinida) en Noviembre 2016, cunado anularon al partido de oposición de Eduardo Montealegre, y legitimaron a un partido decorativo. El resultado de este cálculo político fue garantizar un fraude, y eliminar todo posible liderazgo opositor que pudiese reclamar la ilegitimidad del proceso político.
Ahora hay una resistencia que puede volcar al régimen al suelo.
Doce meses después de la relección de Ortega la oposición al régimen creció. La reacción internacional se hace sentir con la propuesta del NicaAct, los casos de corrupción que incluyen miembros del sandinismo y la familia Ortega van sobresaliendo con mayor intensidad, el escándalo a voz pública del rol de Roberto Rivas, sancionado por la ley Magnitsky, sobresale a finales de 2017.
Estos son algunos de los problemas que van aumentando la intolerancia y rechazo al orteguismo. El final del primer trimestre del año se inaugura con la oposición al régimen ante las amenazas de censura en las redes sociales, seguido de una crítica dura por el mal manejo de no contener a tiempo la gigantesca quema de la zona Indio Maíz. Llega mediados de abril, y las medidas de reducción a las pensiones y el aumento a las cotizaciones hacen estallar la paciencia de los ciudadanos. ¡El Orteguismo atacó a los más vulnerables!
Más de veinte muertos después la resistencia sigue su curso. Sin embargo, la defensa del régimen es muy fuerte y su anuencia a someterse a reformas es muy limitada. El Orteguismo quiere comprar tiempo para recuperar su espacio perdido y mantener su poder casi absoluto. La pregunta clave es que tan absoluto o relativo es ese poder.
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