La movilidad de las personas entre fronteras y territorios nacionales, históricamente han constituido el test de la elasticidad y calidad de un régimen político. Es decir, la magnitud y ámbito de la libertad de movimiento ha dependido de la discrecionalidad soberana del ejercicio de la autoridad del Estado. Las autoridades políticas han pautado cómo y quién entra y sale de un territorio.
En este siglo XXI, y en coincidencia con la observación de Saskia Sassen (Expulsions, 2018) la exclusión y la expulsión son dos determinantes de la forma en como la gobernabilidad democrática está operando en el mundo y las Américas en particular. Hay que tomar en serio la migración.
En algunos contextos esta exclusión y expulsión resulta del extremo deterioro de la estructura estatal, llevando a muchos países en condiciones de Estado fallido, así como de la ausencia de consenso o la polarización social y política sobre el tipo de sujeto político que conforma la sociedad moderna.
Exclusión y expulsión en el origen
Entre ocho a diez países de América Latina y el Caribe conforman casi la mitad de la migración latinoamericana y estos tienen en común un fuerte deterioro de sus estructuras institucionales y estatales, con la dificultad o falta de voluntad de proteger o dar albergue mínimo a sus constituyentes: el Triángulo Norte de Centroamérica, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, y Bolivia y Colombia.
La continuidad de modelos obsoletos de crecimiento económico, plasmados de fuertes economías informales, con redes del crimen organizado bien establecidas, y una fragmentación profunda de la autoridad política haciendo prevalecer el ejercicio de la violencia como forma de control, han creado condiciones perversas para la expulsión de personas.
Exclusión y expulsión en el destino
Entre ocho a diez países de América Latina y el Caribe conforman casi la mitad de la migración latinoamericana y estos tienen en común un fuerte deterioro de sus estructuras institucionales y estatales, con la dificultad o falta de voluntad de proteger o dar albergue mínimo a sus constituyentes: el Triángulo Norte de Centroamérica, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, y Bolivia y Colombia.
La continuidad de modelos obsoletos de crecimiento económico, plasmados de fuertes economías informales, con redes del crimen organizado bien establecidas, y una fragmentación profunda de la autoridad política haciendo prevalecer el ejercicio de la violencia como forma de control, han creado condiciones perversas para la expulsión de personas.
Centro América, Venezuela y Haití son ejemplos claves.
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*Texto basado en una conferencia dictada en la Universidad para la Paz, en San José, Costa Rica, 31 de enero 2020.
