Nicaragua es un país cuya composición social ha cambiado en los últimos diez años debido a la migración. Primero, la salida de más de 800,000 nicaragüenses provoca una mayor desaceleración del crecimiento poblacional, porque la migración resta población a la tasa de natalidad.
Segundo, este cambio poblacional afecta el tamaño de la fuerza laboral, ya que más del 90% de los migrantes eran adultos y la participación de mujeres como jefas de hogar crece a un 4% anual hasta llegar a constituir el 50% de los hogares del país.
Sin embargo, la participación de las mujeres en la fuerza laboral no aumenta de manera sustancial en comparación con la de los hombres. La ya histórica exclusión social y económica no le da espacio a la mujer para desempeñarse en la actividad laboral y productiva, en la que el gobierno cristiano y solidario de Murillo no mitiga esta desigualdad.
De ahí que la carga económica de las mujeres crezca desproporcionadamente ante el techo en la inserción laboral: con la migración, en la que el 60% de los que migraron fueron hombres, muchos de ellos dejaron a sus familias o parejas en el país y las mujeres se hicieron cargo. Pero lo hicieron, con el desafío de no poder conseguirse trabajo.
De hecho, un cambio importante en este fenómeno migratorio es que, con la carga económica, el número de hogares que dependen de la remesa se duplica en diez años hasta alcanzar el 70% y, de esos hogares, el 47% están encabezados por mujeres.
Esta condición produce una dinámica contradictoria: por un lado, las mujeres cuya participación laboral ha sido históricamente baja (del 35% en 2017 pasando solo a 39% este año) mejoran sus ingresos gracias a las remesas—su ingreso es un 40% mayor que el promedio de quienes no reciben remesas. Por otro lado, la carga económica de las mujeres como jefas de hogar aumenta debido a la falta de oportunidades laborales y al alto costo de vida.
[…]
