El 2 de septiembre de 2026, el Programa México del Inter-American Dialogue publicó una infografía titulada “Más allá del decreto: lo que aún le falta al Servicio Universal de Salud de México para lograr la cobertura universal”. Basada en el artículo de Fernanda Cobo Armijo, Javier Meléndez López Velarde, Andrés Castañeda Prado y María Calderón Escobedo, la infografía examina las oportunidades y los límites estructurales del nuevo Servicio Universal de Salud (SUS).
Creado mediante decreto presidencial en abril de 2026, el SUS representa el esfuerzo más ambicioso en una generación por integrar los subsistemas públicos de salud fragmentados del país. A partir de enero de 2027, ampliará el acceso a urgencias, atención a embarazos de alto riesgo, vacunación universal, consultas de primer nivel y continuidad de tratamiento para diversas enfermedades crónicas. En julio de 2027, se incorporarán el diagnóstico especializado y la radioterapia.
La infografía destaca el reto central del sistema de salud mexicano: su fragmentación. La cobertura sigue determinada por el tipo de empleo, lo que divide a la población entre instituciones con capacidades, financiamiento y niveles de coordinación distintos. Las personas trabajadoras del sector privado dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); quienes trabajan para el Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y las personas en la informalidad, autoempleadas o sin empleo dependen de IMSS-Bienestar, los servicios estatales o proveedores privados. Esta división dificulta la coordinación entre instituciones y contribuye a brechas en la disponibilidad y calidad de la atención. En 2024, 44.5 millones de personas no contaban con cobertura pública ni privada, mientras que los hogares financiaron directamente 41.2% del gasto corriente en salud.
El análisis identifica las reformas necesarias para que el SUS sea verdaderamente universal: autoridad jurídicamente vinculante para coordinar a las instituciones, mecanismos obligatorios de compensación entre prestadores, expedientes clínicos interoperables, regulación efectiva del sector privado y mayor inversión pública en salud. El decreto es un primer paso importante, pero la cobertura universal requerirá reformas legales, financiamiento sostenible y reglas que las instituciones estén obligadas, y no solo invitadas a cumplir.
