A medida que Colombia trata de recuperarse de la devastación económica que le ha generado el Covid-19, también debe esforzarse en el cumplimiento de sus metas en materia de cambio climático y la creación de un modelo de desarrollo más sostenible.
Los ingresos fiscales procedentes de la producción de minería e hidrocarburos podrían utilizarse para cumplir con esos importantes objetivos.
Dentro del marco del Acuerdo de París, de 2015, Colombia estableció metas ambiciosas para reducir sus emisiones, comprometiéndose con una reducción de, al menos, el 20 por ciento de las emisiones equivalentes de CO2 para el 2030 comparadas con un escenario donde el país siguiera en su trayectoria actual.
Se espera que Colombia intensifique su compromiso este año, como parte del Acuerdo. Las emisiones colombianas son generadas, en gran parte, por la agricultura, el cambio de uso del suelo y la silvicultura, que en conjunto representaron más del 40 por ciento de las emisiones en 2019. El transporte, la electricidad y la calefacción representaron otro 25 por ciento.
En reconocimiento de estas fuentes de emisiones, las metas climáticas de Colombia incluyen retos ambiciosos, relacionados con la reducción de la deforestación, la incorporación de vehículos eléctricos y la expansión de la energía eólica y solar.
Colombia es, además, un país sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, vulnerabilidad que incluye inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías y otros fenómenos climáticos extremos. Estos factores también suponen riesgos a largo plazo para la economía.
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