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RESPONSABILIDAD COLECTIVA Y LA RESPUESTA REGIONAL A LA CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA 

La crisis política, económica y humanitaria de Venezuela ha dado lugar a la mayor crisis de refugiados y migraciones en la historia del hemisferio occidental. Un nuevo informe, producido por el Programa de estado de derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano y su Grupo de trabajo por Venezuela en colaboración con el Centre for International Governance Innovation (CIGI) a petición del World Refugee Council—identifica brechas críticas en la respuesta existente a el desplazamiento forzado de millones de venezolanos y presenta un plan de acción audaz y coordinado por parte de la comunidad internacional.

  

RECOMENDACIONES CLAVE:

• Identificar mecanismos creativos para financiar respuestas humanitarias. Las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales y locales y las organizaciones humanitarias están al límite de su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de quienes huyen de Venezuela. Organizar una conferencia de donantes puede proporcionar un aumento de recursos a corto plazo, pero la comunidad internacional debe buscar mecanismos creativos para obtener apoyo a largo plazo—por ejemplo, explorar el financiamiento del sector privado, incautar los recursos que son producto de la corrupción venezolana y confiscar activos criminales, y redistribuirlos en las comunidades que más absorben migrantes venezolanos.
   
• Mejorar los marcos normativos e institucionales para la protección de migrantes y refugiados. A pesar de que muchos países latinoamericanos reconocen la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, los marcos institucionales para procesar las solicitudes de asilo son generalmente débiles. Además de fortalecer los mecanismos para la determinación de la condición de refugiado, los países deberían ampliar formas alternativas de estancia legal que permitan a los venezolanos regularizar su estatus migratorio, así como eliminar las barreras que enfrentan para obtener un estatus legal, y tomar en cuenta cuestiones de seguridad.
   
• Armonizar los mecanismos nacionales de estancia legal alternativa y comprometerse a compartir la carga de la emigración venezolana. Muchos países latinoamericanos han mostrado una admirable solidaridad hacia los migrantes venezolanos, a un costo significativo. Sin embargo, existen indicios de que podría surgir una situación en la cual los países de mayor proximidad geográfica a Venezuela absorban una porción creciente e insostenible de refugiados y migrantes. Para mitigar esta posibilidad, los países deberían compartir responsabilidades, manteniendo las fronteras abiertas, estableciendo estándares comunes para el procesamiento legal de refugiados y tomando medidas concretas para armonizar sus políticas en torno a refugiados y migrantes. La coordinación de la política regional debe comenzar con un compromiso de «no retroceso» de los principales países de destino para no restringir la migración venezolana de manera unilateral.
   
• Proteger e integrar a los venezolanos entrantes de manera sustentable. La crisis humanitaria en Venezuela sigue siendo grave, y en el futuro previsible los países receptores recibirán un número creciente de migrantes y refugiados venezolanos. Por el bien de los desplazados venezolanos y de las comunidades que los reciben, los gobiernos deben implementar medidas para integrar a los refugiados y migrantes en la sociedad y en la economía formal. Tales medidas incluyen: facilitar la entrada al mercado laboral; combatir la explotación de mujeres y niñas; eliminar las barreras a la educación; prevenir y contrarrestar la xenofobia; y garantizar que las empresas y la sociedad civil, incluidos los grupos de la diáspora, formen parte integral de la formulación de políticas.
   
• Hacer rendir cuentas a los líderes de Venezuela. La crisis de la migración forzada se debe al fracaso de las política de los líderes de Venezuela, un fracaso que ahora está imponiendo enormes costos sobre los vecinos del país. Las respuestas a la crisis migratoria deben incluir mecanismos de rendición de cuentas sobre aquellas acciones que están contribuyendo al éxodo. Estas respuestas podrían incluir congelaciones de activos, sanciones específicas y prohibiciones de visa (más allá de las que ya se han implementado), junto con procesamientos judiciales nacionales o internacionales, donde sean apropiados.

Este informe fue elaborado con el apoyo de Open Society Foundations, Ford Foundation e International Development Research Center (IDRC).