Los regímenes autoritarios carecen de atributos democráticos, incluyendo la protección, el cumplimiento y la promoción de los derechos de sus ciudadanos; la separación e independencia de los poderes gubernamentales así como de la existencia de un cuerpo de seguridad leal a la Constitución, apartidista y rendidor de cuentas. Desde el comienzo del mandato de Ortega, Nicaragua cumple con las características de un Gobierno autoritario casi a la perfección.
En 2016, a pesar de severas críticas de fraude electoral, Ortega ganó su segunda reelección sin enfrentar ninguna oposición legítima. Desde entonces, el Gobierno sandinista monopolizó el parlamento (con 71 de 92 legisladores), el sistema de justicia (con 11 de 16 magistrados), el sistema electoral (con 7 de 10 miembros de la Comisión Electoral), así como el cuerpo militar y la Policía Nacional. Ortega también ejerce un mecanismo de control social mediante el uso de grupos de choque callejeros los cuales dirige a través de la organización Juventud Sandinista. Estos grupos, que ahora son militares, son entrenados para intimidar los intentos de desobediencia civil mediante cualquier medio posible. De esta forma, durante los últimos tres meses, estas fuerzas paramilitarescon apoyo tácito de la Policía, han sido responsables de muchas de las muertes de civiles ocurridas tras las protestas en contra de la reforma del sistema pensiones.
De ahí que la protesta en Nicaragua refleja el enojo de la gente hacia un ambiente de corrupción sistemática expandido en casi treinta años. Mientras que las tensiones entre el Gobierno y protestantes persisten, el sistema de justicia ha permitido que el uso de la fuerza cause las muertes de más de 300 personas desde el pasado 19 de abril, hasta ahora. Además, desde julio pasado, cuando las cortes pasaron una ley en contra del terrorismo, el derecho constitucional de libertad de expresión para todos los nicaragüensesquedó desprotegido. Los jueces pro-Ortega han sido encomendados a enjuiciar a protestantes, mientras que los doctores, enfermeras y educadores que han atendido a quienes protestaban, han sido despedidos.
