Los altos niveles de informalidad de las economías en nuestra región, la competitividad exacerbada entre candidaturas por recursos que financien campañas cada vez más onerosas, y los flujos en aumento de dinero provenientes de fuentes ilícitas requieren de un sector privado comprometido con la legalidad y su responsabilidad social. Tanto la democracia como el desarrollo económico necesitan reglas claras y un estado de derecho que funcione. Si bien algunos líderes empresariales se benefician de un sistema oscuro y podrían no tener ningún interés en impulsar mayor transparencia, esta visión egoísta es cortoplacista y no representa a todo el empresariado latinoamericano.

Una sana relación entre el dinero y la política es esencial para la salud democrática. Cómo regularla ha sido una preocupación de décadas en América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta dinámica enfrenta nuevos y más complejos desafíos que afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Primero han sido los escándalos de corrupción relacionados a empresas privadas y sus apoyos a candidatos en campañas electorales a cambio de posteriores contratos o concesiones públicas, y/o el enriquecimiento ilícito de autoridades políticas. Luego, la creciente influencia de economías criminales en la política, elecciones y en decisiones de política pública en la región, particularmente a nivel subnacional.

A esta laberíntica realidad se añade el protagonismo de las nuevas tecnologías, como las redes sociales y la inteligencia artificial, que están cambiando la forma de hacer política y campañas. La financiación de publicidades de candidatos o contenidos de apoyo a campañas carece, en la mayoría de países, de una regulación adecuada o de capacidad de fiscalización institucional.