Las acciones recientes del gobierno de Daniel Ortega incitando la violencia, permitiendo la humillación y la tortura policial, fomentando que otros hagan lo mismo, representan la continuidad de la autoridad política por la vía de la transgresión.
Las fuentes fundamentales que legitiman la autoridad política son el respeto a la ley y las bases morales de una sociedad. El régimen ahora autoriza a su círculo de poder, intentando hacer de la transgresión algo moralmente permisible, toda vez que ha agotado su capacidad legal para autorizar la fuerza, ya que ésta nacional e internacionalmente ha sido sancionada.
Las consecuencias de esa permisibilidad son múltiples, graves y duraderas.
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