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A principios de este año, decenas de miles de mexicanos salieron a las calles para protestar contra las reformas legislativas que harían trizas al respetado Instituto Nacional Electoral (INE), antes de las elecciones estatales de este año y las presidenciales de 2024. En respuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo: «Hoy, en México, observamos un gran debate sobre las reformas electorales, sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales, que ilustran la vibrante democracia que se vive en México». Sin embargo, los hechos recientes, sugieren que a no ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome medidas, la democracia que vive México podría no ser tan vibrante después de todo.
La nueva legislación, conocida en México como el «Plan B,» cuenta con el apoyo del presidente López Obrador y su partido, Morena. El Plan B fue adoptado después de que no se reuniera la mayoría de dos tercios necesaria en el Congreso para adoptar el «Plan A», una reforma constitucional que buscaba también socavar la independencia y capacidades del INE. Aprobado por mayoría simple, el Plan B elimina más del 80 por ciento del personal profesional del INE, limita gravemente la capacidad del instituto para supervisar las elecciones y permite al poder ejecutivo interferir en las partidas presupuestales, la estructura y las decisiones internas del INE, así como en el registro electoral. Dado el papel clave que jugó el INE en la transición de México de siete décadas de régimen de partido único a un país con elecciones creíbles, estos cambios golpean el corazón de la democracia mexicana.
El 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional un decreto legislativo (que limitaba la capacidad del INE para monitorear la propaganda gubernamental) por considerar que violaba «el procedimiento legislativo, en particular el principio de deliberación informada y democrática». El presidente respondió insultando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anunciando una propuesta de reforma constitucional para que los jueces sean electos por votación popular.
