Para poder avanzar con una transición democrática, es indispensable partir de un diagnóstico real y claro sobre qué está ocurriendo en Venezuela. Comparar cómo estaba el país en 2017 y la realidad hoy en día es un ejercicio útil que nos puede ayudar a entender que muchos de los problemas que azotaban al país entonces siguen siendo deudas pendientes que deben ser abordadas seriamente. La pregunta que debemos hacernos es cómo ante el escenario actual.
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Sería iluso pensar que las autoridades venezolanas allanarán el camino hacia la democracia sin más. La historia muestra que no han hecho concesiones por gusto y no hay razón para pensar que eso cambiaría ahora. Mucho menos en un momento en el cual están afianzados en el poder y existe una tendencia, a nivel internacional, hacia avanzar con el reconocimiento de que el gobierno de Maduro es quien ejerce el poder de facto en Venezuela, en parte por los vaivenes políticos en la región y en parte por el fin del gobierno interino de la oposición en cabeza de Juan Guaidó.
Sin embargo, es precisamente este incipiente reconocimiento el que puede ser una puerta hacia una posible transición – lenta y difícil – hacia la democracia. Nicolás Maduro y quienes lo rodean seguramente no quieran ser recordados en la historia como los represores del 2017 (y del 2014). Tampoco podrán seguir gobernando sin mayores inconvenientes sin dinero y para eso requieren acceso a fondos y mercados internacionales que hoy les están vedados, precisamente por la falta de legitimidad con la que aún cuentan en ciertos círculos democráticos.
Lograr elecciones medianamente limpias en Venezuela sería un paso muy importante para el país y para que los venezolanos puedan determinar su futuro. Requiere reglas mínimas para que exista una oposición viable – que, por su parte, debería unificar su propuesta –, que la gente pueda movilizarse y expresarse sin represalias, y que puedan ejercer el derecho al voto sin presión. Para que ello ocurra en el 2024, el año 2023 es clave – es ahora cuando debe existir un consenso internacional que contribuya a ese desenlace.
Quienes ostentan el poder en Venezuela precisan de elecciones (que parezcan) libres tanto como la oposición democrática en el país desea que ocurran, pero no lo permitirán si no se generan los incentivos correctos – y estos incentivos deben usarse para que el gobierno de Maduro efectivamente se siente a negociar, para que acuerde puntos clave en ese sentido, y para que luego los cumplan.
La observación electoral independiente no puede ofrecerse gratis, sino que debe ser parte de este esquema de incentivos. Otros incentivos, evidentemente, incluyen un manejo inteligente de la imposición y levantamiento de sanciones, en particular por parte del gobierno de Estados Unidos, así como mantener la presión a través de una potencial investigación internacional sobre presuntos crímenes contra la humanidad. Una conversación clave, y pendiente, es cuál es el modelo de transición en materia de justicia, verdad y rendición de cuentas que sirve para Venezuela – que no es ni el modelo de las transiciones de las dictaduras del cono sur en los ’70s u ‘80s, ni el de las guerras en Centro América, ni el acuerdo de paz del gobierno colombiano con las FARC, aunque de todos ellos se pueden aprender lecciones. Quién terminará preso y por qué delitos es, también, un elemento importante para pensar cómo será una transición a la democracia en el país.
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