Después de la farsa electoral de noviembre 2021 y con su tercera continuidad autoritaria, Daniel Ortega prometió “borrón y cuenta nueva, y vamos adelante.” Esta declaración cimentó lo que se convirtió en la radicalización del autoritarismo del régimen. La radicalización ha sido una forma de talibanizar a Nicaragua y continuar los juicios contra líderes de la sociedad civil y la empresa privada, condenarlos en juicios espurios, eliminar el pluralismo cívico y político, y perseguir a todo sector que no acepte o no simpatice con el régimen, incluyendo a las autoridades religiosas. La situación de derechos humanos continúa siendo precaria, existiendo constantes humillaciones para los prisioneros políticos, prohibiciones de credos religiosos y la lectura de libros censurados por el régimen, denegar la entrada al país a ciudadanos nicaragüenses, confiscar pasaportes de familiares de presos, y encarcelar a familiares de presos de manera arbitraria e ilegal.

Nicaragua es una sociedad con miedo, asediada, y sin esperanza de mejora en el corto plazo. La impunidad imperante y abrumadora ha sobrepasado cualquier sentido de decencia contra la humanidad.

El ataque al pluralismo ha sido uno de los focos del extremismo del régimen. Además de criminalizar la democracia, el régimen ha cerrado las actividades de miles de organizaciones no gubernamentales. A octubre de 2022, cerca de 2000 organizaciones sin beneficio de lucro fueron canceladas de ejercer su trabajo como grupo legal de la sociedad civil.

Estas oenegés han servido como apoyo complementario al Estado para el desarrollo social del país. Los indicadores de desarrollo humano y social de Nicaragua ya eran mediocres antes de 2018, y debido a la crisis política, se deterioraron aún más. El índice de Progreso Social, por ejemplo, muestra una caída en el puntaje de Nicaragua de 8 por ciento, una caída de 3 por ciento en necesidades básicas y de 7 por ciento en oportunidades para generar riqueza.