This post is also available in: Português Español
En una entrevista en el programa Club de Prensa Washington, Santiago Canton, director del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell, habla sobre la decisión por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En la entrevista Canton también comparte su posición sobre las elecciones en Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y la desinformación durante las elecciones en el país.
¿Qué es el Estatuto de Roma, y qué relevancia tiene que se abra formalmente esa investigación en Venezuela?
“Es sumamente importante; llevábamos años muchos trabajando en lograr que se diera este paso. […] La primera etapa [de la investigación] era determinar si existía algún fundamento racional de que sí había o no delitos de lesa humanidad en Venezuela, y esa etapa la cumplió la fiscal anterior. La segunda etapa era para saber o no si Venezuela se estaba haciendo investigaciones judiciales para encontrar a los responsables, y en Venezuela no se estaba haciendo nada —todos lo sabíamos, pero el gobierno de Maduro estaba intentando de hacerle pensar al mundo que sí se estaban haciendo cosas.
Y finalmente el fiscal actual concluyó que no se estaba haciendo nada de justicia en Venezuela y entonces pasamos a esa etapa: si no se está haciendo justicia en Venezuela la justicia la vamos a hacer nosotros. La audiencia tiene que tener presente que en la Haya hay una cárcel donde hay personas detenidas por la Corte Penal Internacional por investigaciones.
[Venezuela] es el primer país en América Latina que tiene un caso abierto por estas investigaciones en esta instancia ante la Corte Penal Internacional. Y por último, esto cambia la dinámica interna, ¿que significa que se lleve a cabo una investigación? Se puede tratar de interrogar a personas relacionadas al régimen de Maduro, al mismo Maduro, se puede en algunos casos pedir órdenes de detención internacionales —cambia la dinámica política también. La situación está ahora un poco fuera de control del gobierno de Maduro, y esto lo va a afectar políticamente. […] Si Venezuela avanza en la justicia, la Corte no va a actuar. ¿Pero qué significa avanzar la justicia? Significa que Maduro tiene que mandar a juicio y meter preso a él y a sus personas más cercanas a él; por lo tanto no va a pasar eso. Ahora, la fiscalía va a tener que avanzar, pero habrá cierto nivel de lentitud porque lamentablemente al nivel de la Corte Penal hay una ausencia de recursos gravísima, como hay en todos los organismos internacionales.”
Sobre Nicaragua y la desinformación en la plataforma de Facebook:
“Un dato importante es que esto empezó en el 2018, en las manifestaciones hubo más de 300 muertos. Estaban estos “trolls” trabajando para atacar a la oposición. ¿Hay responsabilidad criminal por estos hechos o no? Esto pone sobre la mesa la fragilidad de muchos aspectos de nuestras democracias frente a lo que está pasando en las redes sociales y la importancia de que haya algún tipo de control en relación con las elecciones sobre este tipo de redes sociales.
[Nicaragua] ya es completamente una dictadura; eso no se puede discutir. Un desafío que tenemos en toda la región es responder a la pregunta de en qué momento empezó la dictadura: ¿Empezó en el 2018, o empezó en el 2007 cuando Daniel Ortega decide cambiar la constitución para poder ser reelecto?
¿Y por qué lo planteo? Porque lo mismo paso en Venezuela: Yo siempre planteaba que Venezuela era un libro con mil hojas al que se le estaba quitando una hoja por día. Al cabo de diez años nos dimos cuenta que no había democracia; que no había más libro. En Nicaragua esto empezó en el 2007, y la comunidad internacional no actuó.
La Carta Democrática se aprueba el 11 de septiembre del 2001 y Javier Pérez de Cuéllar la presenta para evitar lo que había pasado en el Perú bajo Fujimori, que era esa distorsión de la democracia donde este se quedó en el poder a través de mecanismos completamente anticonstitucionales. El ejemplo de Fujimori siguió en la región y lo vimos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua y lo vemos en El Salvador. La Carta Democrática estaba para eso, y la verdad es que no la hemos usado como se debía usar.”