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  • Luis Galeano

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Análisis sobre las repercusiones para Daniel Ortega del Informe de la OEA acerca de Nicaragua

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El 29 de noviembre, la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua de la OEA, presentó su informe. Este surje del mandato por parte de la Asamblea General de la OEA de evaluar la situación política en el país.

Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, conversa con Luis Galeano del programa Café Con Voz Nicaragua, acerca del informe de la OEA, su alcance y sus posibles repercusiones para el gobierno de Daniel Ortega, en medio de la crisis en Nicaragua.

Comentarios de Manuel Orozco:

“[El informe] resalta sobremanera que hay una violación sistemática de los derechos humanos que se manifiesta a diferentes niveles desde la intimidación hasta el acoso e incluso asesinatos, encarcelamiento y tortura”.

“[También] plantea que hay una alteración al orden constitucional y la forma en como lo documenta y cómo lo demuestra, porque ya no es solamente una cuestión de opinión si no un tema de constatación de hechos, es que al menos quince artículos de la Constitución de Nicaragua han sido violados […] y que no existen pesos y contrapesos en el sistema político nicaragüense […] y con eso concluyen que [hay] ausencia del estado democrático”.

“El efecto de Bolivia le está planteando al régimen que la salida fraudulenta no es una opción”.

“Luis Almagro, Secretario General, fue claro en decir que, si se presentara la posibilidad de que el gobierno de Nicaragua invitara a la Secretaria General a trabajar con la reforma electoral, él lo haría con gusto siempre y cuando se incluyera también los insumos de la oposición nicaragüense.”

[…]

VEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN CAFE CON VOZ:

COMENTARIOS DE TARACIUK BRONER:

Q & A:

Q

¿Qué tan válido ves tú — o legítimo — el temor que reporta la Casa Blanca de que aumente la migración haitiana?

A

“Una política de seguridad que funcione debe tener dos pilares: una visión punitivista donde quien comete un delito vaya preso, pero con debido proceso y bajo investigaciones por un poder judicial independiente y, por otro lado, una serie de políticas que sean más sociales y preventivas que eviten la comisión del delito.” 

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