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Con frecuencia se dice que la evaluación educativa a gran escala ha adquirido su actual papel estratégico en la gestión de servicios educativos como resultado de profundos cambios en el papel del estado. Según este punto de vista, ampliamente aceptado en Brasil, la remodelación de las responsabilidades del estado a través de la privatización de empresas estatales, la desregulación de la economía, la reducción de la burocracia gubernamental y, sobre todo, la descentralización de los servicios públicos, ha provocado una transformación en la finalidad y la variedad de los controles que necesitan ser ejercidos por el gobierno (Castro, 1998; Mattos y Pérez, 2001). Como parte de este escenario, la descentralización de la educación pública ha implicado abandonar los métodos tradicionales para asegurar el cumplimiento de las políticas del gobierno central a través de la intervención directa en la dotación de personal y la dirección de las escuelas y, por consiguiente, el desarrollo de nuevos mecanismos de control del sistema (Broadfoot, 1996).
