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Cuba atravesará el umbral del año 2018 con grandes desafíos por resolver. El país demanda un renovado, o nuevo, pacto social. Muchos cubanos consideran que este debería ser una evolución del anterior, que aún prefigura la institucionalidad socio-política; y otros estiman que el nuevo consenso debiera constituir una ruptura con el imaginario en boga durante las últimas décadas.
Por otra parte, las ideas, aspiraciones y proyecciones, etcétera, que laten y brotan de las entrañas de la Isla, y ya esbozan los elementos fundamentales de lo que podría llegar a ser un nuevo pacto social, no han conseguido la suficiente canalización, ni el necesario contraste por medio del debate y, mucho menos, el debido consenso y el diseño mancomunado de una propuesta que lo exprese. Sin embargo, dichas ideas, aspiraciones y proyecciones, muy diversas pero en general con capacidad para complementarse, han alcanzado un nivel de madurez, de expresión, de correspondencia y de pujanza (al menos en la conciencia social), que demandan con urgencia una amplia, o casi total, reforma de la Constitución de la República.
Sobre esto último también tenemos diferentes posiciones. Unos, muy pocos pero bien activos, consideran que no hace falta renovar el pacto social, pues los anhelos y propósitos no semejantes a los de épocas precedentes constituyen per se “obras del mal”, y por ende sería “criminal” ofrecer la oportunidad de renovar el pacto social y de reformar la Carta Magna.
Otros, aunque desde disímiles perspectivas, coinciden en que sería pertinente una reforma parcial de la Ley de leyes que conceda las posibilidades para la canalización del universo amplio de ideas, aspiraciones y proyecciones, así como el necesario debate, el debido consenso y el re-dimensionamiento definitivo del modelo socio-político cubano. Estos consideran que de esta manera podríamos enrumbarnos, con mejores condiciones, hacia una reforma constitucional más amplia y profunda, que resulte del esfuerzo de toda la sociedad y exprese una síntesis donde todos los ciudadanos puedan identificarse.
Sin embargo, algunos, que cada día son más, sin desconocer la solidez del criterio anterior, argumentan a favor de una pronta reforma total o casi total. Estos sostienen la urgencia de institucionalizar las nuevas ideas, aspiraciones y proyecciones, porque razonan que en ello va la supervivencia y el desarrollo seguro de Cuba. Sus defensores se esfuerzan en convencer de que demorar las grandes transformaciones necesarias, que aplazar el diseño de un entramado institucional más afín a la sociedad actual, sería desgastar, de manera peligrosa, las reservas éticas y políticas de la nación cubana.
Por otro lado, no caben dudas de que la marcha por estos caminos será angosta. Debemos hacerlo sometidos a los rigores de una seria crisis económica y a la falta de una estrategia audaz que asegure atenuar dicha dificultad y, además, encaminarnos por senderos de progreso económico; al aplazamiento indefinido del necesario proceso de reforma del sistema institucional cubano y del ensanchamiento de importantes garantías ciudadanas; a la carencia de discursos que puedan interactuar entre ellos y con la sociedad toda, capaces de ir esbozando un sueño de país y de expresar una evolución del modelo social, que no se empeñe en establecer contornos para su diversidad, sino horizontes que sostengan el desarrollo armónico de la misma; a los temores en torno a un incierto y, casi seguro, embarazoso proceso de relaciones con Estados Unidos; y a la expectativa ante un inmediato relevo de la generación que ha gobernado por más de medio siglo, que será sustituida por jóvenes que en ningún caso pueden poseer la experiencia que demanda este momento, y que tampoco han disfrutado de la imprescindible interacción con el nuevo país que, desde hace mucho, cada día nace y cada día crece un tanto más. Sin embargo, debo señalar que esto último no asegura que ellos carezcan de la capacidad y del talento para asumir, con éxito, los rigores de los compromisos que habrán de enfrentar.
No obstante, ante todos los cubanos, cada día explota, con mayor gravedad, el reto ineludible de participar directamente (sin hacer dejación absoluta de los asuntos del país en manos del gobierno) en la orientación, aseguramiento y concreción de un modelo económico eficaz, y de una reforma profunda e integral de nuestro catálogo de derechos y del entramado institucional. Del mismo modo, y como garantía de todo esto, nos corresponde definir qué debemos esperar y requerirle al próximo gobierno que ascenderá el 24 de febrero de 2018. Y muy importante será, además, que delineemos el rol deseado por la mayoría de los cubanos para el nuevo Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros. Por ello, reitero que igualmente deberíamos meditar acerca de las condiciones a través de las cuales este debe ser electo, en busca de la mejor legitimidad y de las mayores capacidades para que pueda asumir los reclamos de nuestro presente.
